Barajar y dar de nuevo
LA LEY OÑATIVIA Y EL DERROCAMIENTO DE ILLIA
Por Jorge A. Requejo (*)



A comienzos de la década del sesenta la Argentina era un país políticamente inestable (1). Arturo Frondizi había ganado las elecciones de 1958 gracias a un acuerdo con el peronismo, pero a poco de transitar su mandato era cuestionado por sus aliados civiles y por los militares. Lo derrocaron en 1962 y se convocaron a elecciones para el año siguiente. Un problema se mantenía: ¿Qué hacer con el peronismo? La opción de la hora fue proscribirlo.

En julio de 1963 Arturo Illia, hasta entonces un poco conocido dirigente cordobés de la UCR, se impuso con apenas el 25,15% de los votos. La segunda fuerza fue el voto en blanco ordenado por Perón desde Madrid: 19,72%.

Es decir, asumía con una marcada debilidad. Y casi desde el primer día de su gestión, se vio jaqueado por distintas fuerzas. Parecía alguien que estaba en el lugar equivocado y momento equivocado. Aunque visto desde hoy el balance de su gestión destaca por logros innegables, en su tiempo fue criticado y ridiculizado hasta la exasperación. Hay pocos casos en la historia argentina donde un presidente lograra un consenso tan rotundo para ser echado del poder. Y hay pocos casos, donde la mayoría de los que abogaron por su despido se hayan arrepentido, asumiendo que fue un error su conducta de entonces.

Esta situación tan peculiar ha impedido un examen a fondo de ese momento histórico. ¿Cuál fue la verdadera responsabilidad del peronismo en su caída? ¿Cómo se gestó la conjura militar? ¿Qué papel cumplió Estados Unidos, disconforme con varias medidas que afectaban a empresas norteamericanas? En especial la industria farmacéutica. Lo que le generó un largo enfrentamiento con los laboratorios extranjeros por la ley de medicamentos conocida como ley Oñativia.

El 12 de octubre de 1963, asume Arturo Illia como presidente y simultáneamente debe comenzar a enfrentar al movimiento obrero organizado, que a través de la CGT comienza a accionar. La concentración peronista del 17 de octubre es la primera pauta del enfrentamiento que se agudizará cada vez más.
Como ya vimos, la base de legitimación del presidente Illia estaba restringida a una minoría que representaba el 23% del padrón electoral y que el 21% de los votos fueron en blanco.
Desde su primer día de gobierno Illia contó con la antipatía del sindicalismo Vandorista, con el rechazo de los polos económicos-financieros liberales vinculados a los intereses petrolíferos norteamericanos, que se habían fortalecidos durante el gobierno de Frondizi y, la actitud notablemente vigilante de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Onganía. Entre estas facciones beligerantes queda atrapado Illia, y como lo hiciera Frondizi poco tiempo antes, el presidente vio una potencial salida democrática de ese atolladero ensanchando la estrecha base de su apoyo político. Para conseguirlo Illia incentivó una división entre Perón y Vandor, de donde esperaba obtener el rédito suficiente para sostener su gobierno.

Los problemas del presidente eran inminentemente políticos ya que la recuperación económica, el objetivo prioritario declarado por la administración fue tan rápida como inesperada.

Las tasas de consumo en 1964 aumentaron un 10,2%. Las inversiones crecieron un 26%, y la educación recibió un aporte inédito e histórico del 23,2% del presupuesto nacional. En este giro tuvo vital incidencia el incremento del crédito bancario al sector privado y consumidores urbanos, un plan de disminución de deuda con los funcionarios públicos y proveedores del Estado. Asimismo, la actualización de las transferencias federales recuperó la relación entre la nación y las provincias, el gobierno logró disminuir el gasto público y el déficit presupuestario en relación al crecimiento del producto bruto interno, gracias a un aumento en el volumen de la producción. De hecho no hay constancia en la historia económica argentina de los últimos cien años que registre una revitalización general tan veloz sin acudir al empréstito extranjero o a la venta compulsiva de las empresas nacionales (2).

Sin embargo, la debilidad de Illia en la correlación de fuerzas no cambió, pues el impacto positivo global de su campaña económica no influyó políticamente a su favor.
Incluso en mayo y junio de 1964, a propósito de la sanción de una nueva ley de salario mínimo y móvil, el vandorismo hizo una demostración de fuerza, organización y disciplina con un plan de lucha donde 3.900.000 trabajadores coincidieron pacíficamente en la ocupación perfectamente sincronizada de once mil fábricas. Excluida de la esfera política legal la derecha del movimiento peronista operó con agudeza en la extra-institucionalidad, donde se convirtió en un poderoso elemento de desequilibrio del sistema (3).

Illia sabía que el peronismo era una realidad insoslayable, había ingresado a la Casa Rosada con la promesa de legalizarlo y así lo hizo en 1965. Esta maniobra, contrariamente a la caricaturización del anciano lento, provinciano y bonachón que se pretendió adjudicarle desde sectores de la prensa liberal, demostraba audacia frente al recelo antiperonista de las Fuerzas Armadas. La apuesta de Illia consistía en dar curso a una participación legalizada del peronismo sin Perón y avanzar sobre la desconcentración del poder sindical. Era vital para el gobierno intentar ganar mayores márgenes de normalidad institucional que contuvieran las crisis y le permitieran ir ampliando la gobernabilidad dentro de los márgenes democráticos constitucionales, pues la inestabilidad era fruto de la permanente intromisión de agentes externos en el sistema político.

Pero Illia no tenía aliados en los medios de comunicación de circulación masiva, y desde La Opinión, La Nación y sobre todo desde el semanario Primera Plana, se alentó una campaña a favor de una nueva intervención militar. El periodista Mariano Grondona fue uno de los más visibles paladines de las propuestas desestabilizadoras del gobierno de Illia. Por ejemplo, a comienzos de 1965 escribió en su columna política:

"Cuando los órganos normales de poder no funcionan con eficacia (...) surgen de fuera del gobierno los sectores reales que operan como reserva (...) y que terminan por desnivelar el sistema" (4).

A juicio de Grondona, los órganos normales de poder no funcionaban con eficacia, aunque eso no era una novedad para todos los que vieron el derrocamiento de Perón en 1955 y el de Frondizi en 1962. Asimismo, ya en mayo de 1966 Grondona promocionaba las cualidades y la próxima dictadura:

"hoy las reservas del país son dos, una es el ejército y otra Onganía. Una institucional y otra es personal, como en la época de Aramburu" (5)

Los medios de comunicación liberales promovieron el escepticismo respecto a la capacidad de los partidos políticos no sólo como agentes eficaces de un cambio que se consideraba urgente y necesario, sino también descreyeron de su función en tanto conductos adecuados de participación y representación de la sociedad. Se impulsó, en cambio, la idea de que eran la capacidad económica de los denominados factores de poder y grupos de presión los que tenían que decidir el rumbo del país y la política. Era esperable pensar que dichos sectores gestionaran esta imagen de la democracia puesto que su representatividad partidaria y electoral era verdaderamente escasa, recordemos que Aramburu había obtenido solamente un 7,7% de los votos en las últimas elecciones, un hecho incontrastable que lo apartaba de cualquier opción al gobierno por vías democráticas. El respeto de la voluntad de las mayorías, es decir, el respeto del juego democrático significaba, en rigor, no poder imponer sus intereses. A su vez y por su parte, los sectores nacionalistas y liberales de las fuerzas armadas veían en las intervenciones periodísticas una redistribución de influencias y una renovación en sus aspiraciones al poder.

Los radicales del pueblo, habían reivindicado planteos del viejo radicalismo y habían resucitado el slogan que le permitió a Frondizi capitalizar un cierto apoyo popular en una etapa anterior. Ahora es la UCRP la que sostiene la necesidad de anular los contratos de petróleo, suscriptos por Frondizi. Todo el conjunto de argumentos y acusaciones que antes los intransigentes dirigían contra los entregadores de la soberanía nacional, ahora son reivindicados por la otra ala del radicalismo.

La anulación de los contratos petroleros firmados por el ex presidente Frondizi, aprobados mediante un decreto, sin mediación parlamentaria, estaba en las plataformas electorales del Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Argentino y la UCRP. Contaba, además, con el beneplácito de los distintos segmentos del arco justicialista. Una posición menos confrontativa era sostenida por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista Democrático, quienes se limitaban a propugnar una negociación de los contratos.

La propia UCRI orientada por Oscar Alende adoptó una posición que cedía lugar a la ambigüedad: "Lo que decida el congreso". (6).
La cultura política argentina, fuertemente impregnada de valores nacionalistas, echaba los cimientos de un amplio consenso en torno al tema. Por otra parte, la modalidad de su aprobación por decreto había herido la sensibilidad republicana de los sectores políticamente liberales.

Otros dos elementos de juicio aceleraron el proceso de toma de decisiones. En contraste con Frondizi, se trataba de exhibir fidelidad con lo postulado en la campaña electoral y ser consecuente con el ideario radical, dado que para Illia los viejos postulados de la Carta de Avellaneda elaborados en la segunda mitad de los años 40, las "Bases de acción política" y la "Profesión de Fe doctrinaria", continuaban siendo según sus propias palabras una especie de catecismo para la Unión Cívica Radical. (7). De este modo, Illia se diferenciaba de Frondizi tanto ante la opinión pública como frente a la militancia radical. A partir de entonces, no cabrían dudas acerca de quién ostentaba el monopolio de la identidad colectiva de los radicales. (8).

El sábado 16 de noviembre, por la mañana, el gobierno de Illia dio a conocer el decreto de recesión.
En el verano de 1964, el gobierno redobló su apuesta. La vocación médica de Illia reforzó su interés en mejorar la calidad de la salud pública. El 15 de enero ingresó al congreso el proyecto de Ley de Medicamentos.

En el caso de las leyes 16.462 y 16.463, conocidas como leyes Oñativia, y como se podrá apreciar de la trascripción de sendos tratamientos en el recinto de ambas Cámaras, hubo sesiones en común para los proyectos que les dieron origen. Se han subrayado las sesiones que difieren, así como aquellas en las que el tratamiento se realizó por separado, para su mejor apreciación.


LEY 16.462
Precios de drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, etc. Iter parlamentario

Senado
Mensaje y Proyecto de Ley del PEN (p. 293) 30/01/1964
Mensaje y Proyecto de Ley del PEN (p.295) 30/01/1964
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y municipales, de Comercio, con modificaciones. Orden del día Nº 9 (I)
Consideración y aprobación con modificaciones (p. 513) 6 y 7/02/1964

Diputados
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Comercio y de Asuntos Constitucionales
Consideración (p. 2738) 09/04/1964
Consideración (p. 2838 y 2855) 10/04/1964
Consideración (p. 2862) 15/04/1964
Consideración (p. 2902) 16/04/1964
Consideración y aprobación en general (p. 2954) 17/04/1964
Consideración y aprobación en particular de los arts. 1 y 2 inc. a), b) c) y puntos 1), 2), 3) y 4) del inc. d), con modificaciones (p. 3116) 22/04/1964
Consideración y aprobación en particular del resto del dictamen de mayoría de las Comisiones, con modificaciones (p. 3137 y 3173) 23 y 24/04/1964

Senado
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y municipales y de Comercio. Orden del Día 1/64
Moción del Senador Fassi de tratamiento sobre tablas (afirmativa)
Consideración y rechazo del proyecto venido en revisión (p.85) 03/06/1964

Diputados
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Comercio y de Asuntos Constitucionales con dos dictámenes
Orden del Día 53
Consideración y aprobación del dictamen de la mayoría: insistencia en la sanción anterior del cuerpo, por 2/3 de los diputados presentes (p. 1808) 17/07/1964

Senado
Consideración e insistencia en su sanción anterior por 2/3 de los senadores presentes; Sanción (p. 577) 23/07/1964


LEY 16.463
Régimen de producción, elaboración, etc. de medicamentos, drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, etc. Iter parlamentario

Senado
Mensaje y Proyecto de Ley del PEN (p. 294) 30/01/1964
Mensaje y Proyecto de Ley del PEN (p.297) 30/01/1964
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y municipales, de Comercio, con modificaciones. Orden del día Nº 9 (II)
Consideración y aprobación con modificaciones (p. 492) 6 y 7/02/1964

Diputados
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Comercio y de Asuntos Constitucionales
Consideración (p. 2738) 09/04/1964
Consideración (p. 2838 y 2855) 10/04/1964
Consideración (p. 2862) 15/04/1964
Consideración (p. 2902) 16/04/1964
Consideración y aprobación en general (p. 2954) 17/04/1964
Consideración y aprobación con modificaciones (p.137) 07/05/1964

Senado
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y municipales y de Comercio, aconsejando rechazar las modificaciones de Diputados,
Orden del Días 2/64
Consideración y aprobación del dictamen (p.112) 04/06/1964


Diputados
Despacho de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Comercio y de Asuntos Constitucionales con dos dictámenes,
Orden del Día 66
Consideración y aprobación del dictamen de la mayoría: insistencia en la sanción anterior del cuerpo, por 2/3 de los diputados presentes (p. 1818) 17/07/1964

Senado
Consideración e insistencia en su sanción anterior por 2/3 de los senadores presentes; Sanción (p. 581) 23-07-1964

Este proyecto de ley había sido elaborado merced al estudio de dos comisiones. Una formada por médicos, bioquímicos, y especialistas en farmacología, era presidida por un profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Otra formada por contadores y economistas, se centró en el estudio de los costos de los medicamentos. La comisión integrada por especialistas en ciencias de la salud, trabajó sobre una muestra de más de veinte mil medicamentos: descubrió que muchos de ellos, una parte relevante carecía de las drogas e ingredientes que decían contener, o bien no las tenían en las proporciones explicitadas en sus prospectos.

La comisión de contadores pudo constatar que los grandes laboratorios poseían un doble juego de libros de contabilidad que les facilitaba exagerar los costos para maximizar sus ganancias. A tenor de estas circunstancias, la ley 16.462 impulsada por el ministro de salud Dr. Arturo Oñativia, (9) que congeló el precio de los remedios, definía a éstos como "bienes sociales". Al concebir al medicamento como bien de mercado, es imposible no pensar en el derecho a la propiedad intelectual-patente farmacéutica, aquella que protege al descubridor-inventor-creador de algo; pero ese algo en este caso es en realidad aquel bien social que defendía el Dr. Oñativia, y al definirlo como social, esta propiedad intelectual indefectiblemente se opone al derecho a la salud: si la emergencia supera a la demanda de medicamentos, esa patente farmacéutica ya no tiene razón de ser. Existen acuerdos internacionales que avalan esta postura, pero si la mano del gobierno no los gatilla por sumisión o cooperación con las naciones opresoras...

Ante el clamor de los laboratorios la mayor parte europeos, sobre todo suizos quienes sostuvieron que sólo ellos poseían expertos con la pericia necesaria para realizar esos estudios, el gobierno les dio seis meses para presentar una declaración jurada relativa al costo y la calidad de los medicamentos, al tiempo que mantuvo la congelación de los precios. Ninguno de ellos presentó la declaración jurada.

La ira de los grandes laboratorios no tardó en hacerse sentir, y al inicial desagrado norteamericano por el tema petrolero se sumó el enojo de Suiza, que al año siguiente puso obstáculos al refinanciamiento de la deuda externa argentina desde el Club de París. (10)

La suerte del gobierno radical quedó sellada mucho antes del levantamiento militar del 26 de junio de 1966. El 29 de mayo, el general Pistarini, en una ceremonia oficial a la que asistía el presidente, pronunció un discurso desafiante en el cual expresó los temas dominantes de la propaganda antigubernamental. En contra de las expectativas de los conspiradores, que esperaban un acta de autoridad presidencial que les diera motivo para declarar su rebelión, Illía no hizo nada.


FUENTES
1 Terán, Oscar, Nuestros años sesenta. Buenos Aires. El Cielo por Asalto, 1993.

2 Gerchunoff, Pablo; Llach, Lucas. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Buenos Aires. Ariel Sociedad Económica, 1998.

3 Brennan, James, El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1973. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1996, pp. 113-117.

4 Grondona Mariano, Balance Institucional, Primera Plana. Buenos Aires, 16-06-1965, p.

5. También se alinearon en esta posición Jacobo Timmermann, Francisco Manrique, Bernardo Neustard, entre otros.

5 Grondona Mariano, El país que espera, Primera Plana.. Buenos Aires, 31-05-1966, p. 6.

6 Las plataformas electorales fueron reproducidas de modo sintético por la revista Panorama N° 2, julio de 1963, pp. 24-25.

7 Diálogo de Illia con la juventud Radical. Véase, Silvio Escudero (comp), Arturo Illia, pensamiento y acción, Córdoba, Justo Páez Molina, 1983, p. 60.

8 En el acto de cierre de campaña del 5 de julio de 1963, realizado en el Luma Park de Buenos Aires, Ricardo Balbín sostuvo textualmente: "No es verdad que la Unión Cívica Radical del Pueblo cierre el acceso al extranjero. ¡Eso sí, los que llegaron disfrazados en un momento de debilidad de los gobernantes, los que pensaron que la patria estaba en venta, éstos se tendrán que ir! La Unión Cívica Radical del Pueblo (...) liberará al país de una forastería absurda con la fórmula Illia-Perette". Ricardo Balbín, Discursos parlamentarios y políticos. Buenos Aires, 1982, p. 31.

9 En 1963, durante el gobierno del doctor Arturo Illia, fue convocado para ejercer el cargo de Ministro de Salud Pública. El ex senador Adolfo Gas, señaló en un discurso de homenaje, realizado en esa Cámara en 1985 para recordar al doctor Oñativia que para éste, "la salud era uno de los hechos primordiales en todos los actos de gobierno".

Desde ese cargo, Oñativia complementó su tarea de erradicar el cretinismo bocioso a través de la promulgación de la ley 17259 de "Obligatoriedad del uso de la sal enriquecida con yodo como profilaxis del bocio endémico". Con esta ley, se reglamentó el enriquecimiento de la sal con yodo para uso alimentario humano y animal. Esta ley se fundamentó en estudios realizados en diferentes provincias, como Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego, en las que el índice de bocio oscilaba entre el 12 y el 50 por ciento. También se consideró el uso de sal enriquecida para la alimentación animal, ya que al tener la carne un muy alto consumo en nuestro país, era bueno que la sal enriquecida llegara al ser humano a través de esa vía. Además, se detectó que en el ganado lanar, vacuno y porcino, la carencia de yodo alteraba su reproducción y su pelaje, acarreando consecuencias adversas incluso desde el punto de vista económico.

Oñativia impulsó toda una serie de iniciativas fundamentales como la ley de Reforma del Sistema Hospitalario Nacional y de Hospitales de la Comunidad, amén de la creación del Servicio Nacional de Agua Potable, que garantizaba la provisión de la misma a las comunidades rurales.

Asimismo, fue de importancia estratégica la ley de Medicamentos -la 16.462 y 16.463-conocida como ley Oñativia que le daba al medicamento un carácter de "bien Social" al servicio de la Salud Pública y de la Sociedad. Esta ley, promulgada en 1966, reglamentaba un estricto control técnico de las drogas sujetas a la experimentación humana, además del control de precios, según la demanda de las mismas.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que los medicamentos insumen el 50 por ciento del costo total de Salud de la población, y que el 95 por ciento de ese costo está determinado por el valor de insumos, drogas y tecnología de la industria internacional de los medicamentos, entonces se comprende de qué manera esta ley tocó intereses económicos de espectacular magnitud. Algunos historiadores consideran que esta ley fue uno de los ingredientes que llevó al golpe de Estado de 1966. Esta fisura en el orden Institucional hizo que la visión de Oñativia de "poner los medicamentos al servicio de la Sociedad", quedara truncada, ya que esa ley fue derogada inmediatamente tras la caída del gobierno de Illia.

10 Las explicaciones de Illia, en Escudero, op. cit., pp. 66-70.

(*) Lic. en Historia (UNLU). Docente del ISAJ. Conferencista. Investigador.

 

 

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